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GI-ESCR trae la experiencia chilena de resistencia feminista al congreso anual de la asociación internacional para la economia feminista 

GI-ESCR trae la experiencia chilena de resistencia feminista al congreso anual de la asociación internacional para la economia feminista 

GI-ESCR trae la experiencia chilena de resistencia feminista al congreso anual de la asociación internacional para la economia feminista 

 

El 25 de junio de 2021, la Directora Ejecutiva de GI-ESCR, Magdalena Sepúlveda, participó en el panel de clausura del Congreso Anual de Economía Feminista organizado por la International Association for Feminist Economics (IAFFE), aportando la experiencia chilena de resistencia feminista a la conferencia, desde la experiencia de un actor clave y reconocido en el campo. El tema de la Congreso Anual de la IAFFE de este año fue Sostenibilidad de la vida: retos en un contexto de crisis multidimensional.

La presentación de GI-ESCR se centró en la experiencia organizativa en Chile que condujo al proceso constituyente, con especial énfasis en la relación entre la resistencia feminista y la justicia económica.

SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA

Para la IAFFE, sostener la vida requiere de la confluencia de sistemas económicos y políticos inclusivos y resilientes, así como de la sostenibilidad del medio ambiente. Esta visión se construye desde un diagnóstico que evidencia el resurgimiento de gobiernos reaccionarios, con sistemas económicos y políticos incapaces de satisfacer las necesidades humanas y de enfrentar la fragilidad de los ecosistemas, junto con sociedades cada vez más caracterizadas por tensiones de raza, etnia, religión, nacionalidad, género e identidad sexual que fomentan las divisiones.

Por lo anterior, la IAFFE ha buscado lograr un entendimiento más integrado del bienestar, en el que los ámbitos productivo y reproductivo sean visibilizados y valorados, incorporando perspectivas provenientes de otras disciplinas en esta reflexión.

En este contexto, la colaboración de GI-ESCR, trabajando con organizaciones feministas globales y con una experiencia larga en la resistencia feminista, ha sido clave para entender los impactos de la economía en la vida de las mujeres del sur global desde un marco de derechos sociales.

APORTACIÓN DE GI-ESCR SOBRE EL PROCESO CONSTITUYENTE Y LOS DERECHOS SOCIALES

En su intervención, Magdalena resaltó el rol clave que los movimientos feministas han tenido históricamente en el reconocimiento y expansión de los derechos sociales, políticos y económicos, reconociendo además el origen común que tienen los movimientos ciudadanos que exigen derechos sociales y los movimientos feministas contemporáneos en Chile.

Nuestra Directora remontó la relevancia pública de los derechos sociales en el discurso social chileno a episodios como las marchas estudiantiles del 2006 y 2011, las protestas por mejores pensiones y los movimientos contra la construcción de represas y la protección del medio ambiente. Todos los que tuvieron una articulación en lenguaje de derechos en el proceso de discusión constitucional gatillado por el gobierno de Michelle Bachelet en 2017.

La representante de GI-ESCR resaltó también que en la actualidad, el eje central de todos estos movimientos es el rechazo a la Constitución de Pinochet, la que representa la adopción del neoliberalismo como el modelo económico del país, cuyo fin trae esperanzas y expectativas de poner fin a las desigualdades desenfrenadas que se viven desde entonces.

RESISTENCIA FEMINISTA: LA EXPERIENCIA DE CHILE

En particular, Magdalena trazó el surgimiento de los movimientos feministas en Chile a la década de los ‘30s, reapareciendo con fuerza en períodos específicos como la dictación de la ley de divorcio y la ley de acoso sexual. Sin embargo, identificó dos eventos históricos que marcaron los orígenes de una resistencia feminista más amplia y organizada: la elección de la primera mujer presidenta del país y la articulación de los movimientos sociales alrededor de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Como primera expresión de esta resistencia feminista autónoma y escindida de otros movimientos, Magdalena se refirió a las marchas por los derechos sexuales y reproductivos que entrelazaron tanto la igualdad de género como los derechos sociales.

Señaló que a partir de entonces:

Los movimientos feministas sólo han crecido, tomando nuevos ribetes e incluso articulando movimientos de solidaridad feminista internacional, a través de la ocupación del espacio público, del uso de campañas públicas y del lenguaje artístico para interpretar el sentir de las mujeres de Chile y otros países y abogar por la protección de sus derechos.

La Directora Ejecutiva resaltó que uno de los mayores triunfos de esta resistencia ha sido la incorporación de la paridad en la elección de quienes representarán a Chile en la Convención Constitucional que inicia sus actividades el próximo 4 de julio.

Magdalena finalizó su exposición resaltando que:

En el trabajo de este organismo se juegan importantes cartas, como la transformación del sistema económico y social, la visibilización del aporte de las mujeres a los sectores económicos y productivos y la transversalización del enfoque de género en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estos desafíos, explicó, demuestran la relevancia de Chile como país pivote para la región y el sur global en relación tanto al reconocimiento y regulación del cuidado y el trabajo doméstico, como a la protección de la naturaleza del extractivismo desatado que venía viviendo durante las últimas décadas.

CONGRESO ANUAL DE LA AEFFE 2021: “SOSTENIBILIDAD DE LA VIDA: RETOS EN UN CONTEXTO DE CRISIS MULTIDIMENSIONAL”

Sostener la vida requiere de la confluencia de sistemas económicos y políticos inclusivos y resilientes, así como de la sostenibilidad del medio ambiente. La economía feminista ofrece perspectivas intelectuales y metodológicas para analizar el sostenimiento de la vida de forma integral. Actualmente, nuestros sistemas económicos y políticos son incapaces de satisfacer las necesidades humanas y de enfrentar, a la vez, la fragilidad de los ecosistemas, particularmente en el marco del resurgimiento de gobiernos reaccionarios. Nuestras sociedades se caracterizan cada vez más por tensiones de raza, etnia, religión, nacionalidad, género e identidad sexual que fomentan las divisiones; y las fronteras son cada vez más excluyentes, con barreras de todo tipo. En este contexto, las mujeres enfrentan amenazas a sus posibilidades de generar ingresos y a su integridad física. La pandemia global solamente ha exacerbado estos retos.

Frente a estos retos, se requieren nuevas visiones económicas y metodológicas dentro de las cuales, las perspectivas feministas son esenciales. La economía feminista se ha caracterizado por ir más allá de las simplificaciones imbuidas en las categorías, métodos y modelos del pensamiento económico convencional, incorporando también en esta reflexión visiones provenientes de otras disciplinas. Desde nuestra perspectiva, la organización de la economía incluye actividades, interacciones, transacciones y relaciones que ocurren en los hogares, empresas, comunidades y el estado - como categorías socialmente construidas - así como dentro y fuera de los mercados. Por ello buscamos un entendimiento más integrado del bienestar, en el que los ámbitos productivo y reproductivo son visibilizados y valorados. El Congreso de la Asociación Internacional para la Economía Feminista – IAFFE - de 2021 será un foro de debate académico que reconoce el pluralismo metodológico del campo de conocimiento de la economía en su definición más amplia, como sistema y como disciplina. En este sentido, acogemos y damos la bienvenida a investigaciones y experiencias que apliquen la perspectiva feminista en los ámbitos macro, meso y micro de la economía, así como en las problemáticas económicas locales y globales. Les invitamos a acompañarnos en este congreso virtual, auspiciado por el Comité Local de Quito.

Para más información sobre el Congreso, visita el sitio web de la International Association for Feminist Economics.

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Climate and Environmental Justice

We have advanced rights-based and gender-transformative transition frameworks through research that centres the lived experiences of women and marginalised communities on the frontlines of extractive energy policies, promoting climate and energy frameworks attentive to the social and care-related impacts of transition pathways. We have developed a clear vision for a gender-just transition, firmly rooted in gender and human rights norms, establishing both the legal basis and the direction for the transformative changes our planet and societies urgently need. In particular, the ‘Guiding Principles for Gender Equality and Human Rights in the Energy Transition’, a collective effort built through online consultations, an in-person workshop and multiple rounds of revision with activists, practitioners and experts from around the world, outline a transformative vision for reshaping global energy systems through a human rights and gender equality lens.

Our work recognises that the climate emergency is both an existential threat and an opportunity to reimagine societies built on social, gender, economic and environmental justice. We ground our advocacy in feminist and intersectional principles, prioritising the agency and perspectives of communities in the Global South who have contributed the least to the climate emergency yet face its most devastating consequences. Central to our approach is the understanding that energy is not merely a commodity but a fundamental human right; essential for dignity, health, education, work and the realisation of countless other rights. We challenge approaches to the energy transition that risk replicating the harmful patterns of fossil fuel extraction and, instead, advocate for transformative policies that ensure human rights and gender equality as central to building climate-resilient societies rooted in dignity, justice and planetary well-being.

What's next?

We will continue to challenge approaches that treat energy transition as merely a technical shift, instead positioning it as an opportunity to reimagine economies and societies rooted in dignity for all, with particular attention to communities in the Global South who have contributed least to the climate emergency yet are most exposed to its worst effects.

We will connect community-level evidence and the lived experiences of those on the frontlines of extractive policies to national reform and global norm-setting, breaking down silos between human rights, gender, and climate movements, and advancing a shared vision that recognises just transitions as not only fundamental to achieving climate-resilient and sustainable societies, but as transformative pathways that advance social and gender equality, redistribute power and resources equitably, and ensure that energy systems serve the public good rather than profit.

We will mainstream rights-based and genderjust transition priorities in key multilateral spaces (particularly, within the Just Transition Work Programme and the to-be-developed Just Transition Mechanism, within the UNFCCC) to guarantee that just transitions are advanced at all levels.

We will also translate our work, through strategic advocacy, into at least two concrete policy wins, whether promoted, adopted, implemented, or scaled, in priority countries (Argentina, Brazil, Chile, Mexico, Colombia, South Africa, or Kenya), ensuring these policies align with human rights standards, centre gender equality, and reflect the needs and views of affected communities.

We will build momentum for the progressive recognition of the right to sustainable energy to shift dominant narratives away from purely extractive solutions that sideline gendered impacts, community participation, and Global South perspectives.

Economic Justice and Climate Finance

Our work has transformed the global discussion on fiscal policy in a more just, emancipatory and sustainable direction. Our approach has combined both high-level, expert contributions within decisionmaking circles, with bold, impactful work on narrative change with the general public.

We have been instrumental in the inclusion of human rights as a guiding principle of the future United Nations Framework Convention on International Tax Cooperation, a multilateral instrument with the potential of raising approx. USD 492 billion per year in public revenues currently foregone to global tax abuse. In the process leading to the ‘Compromiso de Sevilla’ decided at FfD4, we proposed and succeeded in creating a specific human rights workstream within the Civil Society Financing for Development Mechanism, which was critical to ensure that explicit commitments on the matter were included in the negotiating outcome. In a context of cutbacks in multilateral institutions, we have amplified the capacities of technical experts, providing rigorous technical support and leveraging our influence to ensure the enactments of groundbreaking standard-setting instruments, such as the 2025 UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights Statement on Fiscal Policy and Human Rights, and the first ex oficio hearing on the Inter-American Commission of Human Rights on Fiscal and Economic Policies to Address Poverty and Structural Inequality, leading to an upcoming thematic resolution on the matter. We have also bridged the silos between multilateral tax discussions and climate finance debates, promoting ambitious financing commitments to increase international and domestic resource mobilisation during COP 28, 29 and 30.

At the regional level, our engagement with fiscal cooperation platforms such as the Platform for Fiscal Cooperation of Latin America and the Caribbean (PTLAC), where we are member of its Civil Society Consultative Council, and the African Anti-IFFs Policy Tracker, for which we participated in the pilot mission in Ivory Coast together with Tax Justice Network Africa (TJNA), have been critical in cementing a growing engagement between tax administrations and ministries of finance with international legal experts, exploring actionable and transformative initiatives, such as the taxation of high-net-worth individuals, beneficial ownership registries and corporate countryby-country reports, to be implemented at the international level.

At the local level, our interventions in fiscal reform debates in Chile, Brazil, Colombia and Nigeria have contributed to shaping legislative outcomes in a more progressive, rights-compliant direction.

As for our leadership in narrative change, we have a measurable track record in delivering tailored, innovative campaigns which have decisively expanded economic justice constituencies by appealing to a broader tent. In Latin America and the Caribbean, we created the ‘Date Cuenta’ campaign, coordinating over 40 organisations across civil society to deliver plain language, innovative messaging connecting progressive fiscal reforms to the financing of health, education and social protection. ‘Date Cuenta’ generated over 55 original campaign messages that were tailored to the realities of seven priority countries (Argentina, Chile, Colombia, Mexico, Paraguay, Peru and Honduras) and disseminated in Spanish, Portuguese and English. In doing so, we convened more than 65 online co-creation workshops with partners, coordinating a unified communications strategy which combined digital outreach, press and media coverage, and collaboration with influencers. Ultimately, ‘Date Cuenta’ resulted in more than 60,000 interactions on social media, coverage in major regional and international media outlets, including El País, Deutsche Welle, Bloomberg and France 24, and the participation of at least 63 social media influencers through 58 dedicated publications. In collaboration with Fundación Gabo and the Friedrich Ebert Stiftung, we also organised a two-day workshop in Bogota with 20 journalists from 13 countries, building a regional network trained in a human rights-based approach to fiscal policy that has since generated published media coverage on outlets such as La Diaria, Ciper, El Diario Ar and Milenio. Through ‘Date Cuenta’ and our regional advocacy, we strengthened civil society engagement in key processes, including the Financing for Development track and FfD4, co-organised highlevel dialogues with states and civil society from Latin America and Africa.

What's next?

We will shape the UN Tax Convention and its Protocols so they embed human rights principles, and we will stay engaged through follow-up processes (including the expected Conference of the Parties) to support effective implementation. We will keep linking tax and climate finance so that new resources mobilised through fiscal cooperation are channelled to adaptation, mitigation, and loss and damage, in line with UNFCCC commitments.

Public Services for Care Societies

We have translated participatory research into accountability and policy outcomes.

In Ivory Coast, our work with Mouvement Ivoirien des Droits Humains and affected communities since 2023 exposed how privatisation and lack of accountability restrict access to quality healthcare. It contributed to the closure of 1,022 illegal private health centres, an executive instrument strengthening the regulation of private hospitals across the country, and the creation of a permanent complaints management committee in healthcare through a bylaw issued by the prefect of Gagnoa. Partners engaged through this process also advanced concrete improvements at facility level: members of the Gagnoa Midwives Association who took part in the participatory action research pooled resources to renovate the neonatal unit of the Regional Hospital, and the Director of the Gagnoa General Hospital launched an action plan to expand services and improve patient reception, with the facility receiving the award for best hospital in the country in 2025.

In Kenya, our research with the Mathare Education Taskforce documented the absence of public schools and the expansion of private provision, evidencing impacts on households and caregivers and strengthening demands for free, quality public education. This work contributed to stronger community agency and collective organisation, alongside ongoing strategies ranging from communications to litigation to secure a public school in the area, some involving GI-ESCR and others led independently.

Across Africa, this work is complemented by a multi-country study examining the human rights implications of austerity in education and health, including how regressive fiscal policies, rising debt burdens and persistent underinvestment undermine the financing and delivery of public services.

In Latin America, from 29 November to 2 December 2021, over a thousand representatives from over one hundred countries, from grassroots movements, advocacy, human rights, and development organisations, feminist movements, trade unions, and other civil society organisations, met in Santiago, Chile, and virtually, to discuss the critical role of public services for our future. Following the meeting, the Santiago Declaration on Public Services was adopted to demand universal access to quality, gender-transformative and equitable public services as the foundation of a fair and just society.

We are currently advancing work on care systems, linking public services and fiscal justice through integrated research, advocacy and communications, including a regional campaign framing care as a collective responsibility requiring sustained public investment.

What's next?

In Ivory Coast, we will evaluate and strengthen the complaints management committee and position it as a replicable model for other health facilities. In Kenya, we will support the Mathare community to co-design a model public school for Mabatini and Ngei wards, grounded in human rights standards. Building on our multi-country austerity study, we will drive national advocacy on financing for education and health: advancing reforms in Ghana; launching a fiscal policy and public services financing agenda in Kenya through the CESCR process and targeted coalition work; and, in Nigeria, using the new tax acts in force since 1 January 2026 to catalyse a national accountability campaign for adequately funded, quality public services. In Latin America, we will amplify locally led care pilots across 8 countries and turn lessons into influence—advancing care policies that strengthen care organisations, protect care workers’ rights, support unpaid caregivers, include disability and family networks, and redistribute care more equitably.